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CIDSE alerta sobre la violencia y llama al diálogo ante manifestaciones ciudadanas en Perú

Las organizaciones de la red CIDSE1 expresamos nuestra profunda preocupación por el alarmante incremento de la violencia y el deterioro de la situación de derechos humanos y el Estado de derecho en el Perú, ante la grave crisis y las protestas sociales en el país tras la salida del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

El gobierno peruano ha declarado un estado de emergencia y toque de queda en varias regiones en respuesta a las protestas ciudadanas. Hasta el momento, 50 personas han muerto desde que Dina Boluarte asumió la presidencia; varias de ellas menores de edad, y en su mayoría, víctimas de proyectiles de armas de fuego en enfrentamientos con la policía. A este número, suman más de 600 personas heridas, entre civiles y miembros de la Policía Nacional. Ante este contexto, los manifestantes han exigido, entre otras varias demandas, la destitución de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones y la designación de un gobierno de transición.

Lamentamos profundamente las inaceptables muertes en el marco de la protesta ciudadana en el país, y nos solidarizamos con todas las víctimas, sus familiares, y las personas heridas y criminalizadas. Expresamos nuestro rechazo a todos los actos de violencia, a las violaciones de los derechos humanos, y a los atentados contra la seguridad física y la vida. Condenamos el uso excesivo y desproporcional de la fuerza pública contra manifestantes y periodistas con el fin de controlar las protestas sociales, que solo ha exacerbado el conflicto y la tensión.

Apoyamos el llamado de la Defensoría del Pueblo, la oficina de derechos humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los obispos en Perú, instando a las autoridades a realizar una investigación rápida, exhaustiva e imparcial de las muertes, actos de violencia y violaciones de derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones en diferentes regiones. Es fundamental garantizar justicia y determinar responsabilidades por estos graves hechos, incluyendo aquellos responsables por el uso indebido de la fuerza. Solicitamos se conforme urgentemente una Comisión independiente de investigación.

Exigimos el cese inmediato de las violaciones a los derechos humanos, el respeto de los tratados y estándares internacionales sobre derechos humanos, de los que el Perú es parte, y que se tomen medidas para asegurar el respeto y protección de la vida, la integridad, y los derechos humanos, especialmente las libertades de expresión, de prensa y protesta pacífica. Ante la continuidad de las movilizaciones en el país, reafirmamos que la protesta pacífica es un derecho democrático fundamental reconocido por estándares nacionales e internacionales que debe respetarse, sin estigmatizar y criminalizar a la población que se moviliza. Las demandas de la población reflejan un profundo malestar acumulado con las instituciones y la política en el país y deben de ser escuchadas.

Unimos nuestra voz al llamado del Papa Francisco al diálogo y cese de violencia, y a todas las iniciativas nacionales e internacionales orientadas a garantizar la vida, la seguridad y la protección de los derechos humanos en el Perú. Apoyamos la búsqueda de una salida a la crisis que ponga por encima de todo el bien común y busque soluciones pacíficas y dialogadas donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados.

 

Descargar el pronunciamiento

Ver en el sitio web de CIDSE