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Mosclis L. Vela Cárdenas
Economista
Especialista en Desarrollo Rural
Director Ejecutivo de la ONG Islas de Paz Perú
Docente Universitario
El Perú, vive el noveno intento de descentralización, que se inició luego de un consenso entre las principales fuerzas políticas, modificando el capítulo sobre Descentralización de la Constitución Política en marzo de 2002 (después de experiencias fallidas de los siglos XIX y XX, que estuvieron ligadas o convivieron en el tiempo con periodos de crisis), lo cual quedó establecida en la Ley de Bases de la Descentralización LEY Nº 27783, que considera que la descentralización, tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población.
A partir de ese momento se puso en marcha un proceso de reforma orientado a mejorar los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía y promover la existencia de mayores oportunidades en los distintos departamentos.
Todos los peruanos debemos conocer que el Estado es un unitario y descentralizado; unitario, porque es una sola entidad que tiene deberes comunes y persigue metas compartidas, como el bienestar general o la protección de las personas. Es descentralizado, porque el gobierno se ejerce en tres niveles; un gobierno nacional, 26 gobiernos regionales (establecidos en 24 departamentos, una provincia constitucional y Lima provincias) y 1874 gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales). De esta forma, el Estado se acerca a la población para satisfacer de la mejor manera sus necesidades y velar por sus derechos en condiciones de igualdad y respeto a la pluralidad, todo esto basado en el principio de subsidiariedad, es decir, “el nivel de gobierno que este más cerca a los problemas, que lo solucione”
Sin embargo, este proceso no se ha completado y está colapsando progresivamente, ya que los sucesivos gobiernos de turno han pospuesto los objetivos fiscales y económicos, han ignorado el enfoque territorial y se redujo la acción del Consejo Nacional de Descentralización (CND) con carácter de Ministerio a una Secretaría de Descentralización que hoy en día forma parte de la Presidencia de Consejo de Ministros con un reducido rol.
Históricamente, la capacidad del gobierno peruano (nacional y sub nacional) para prestar servicios públicos básicos ha sido deficiente y el problema más grave fue en las localidades rurales y aisladas, donde la agricultura siempre fue la más relegada, a pesar de ser una actividad económica productiva importante.
El crecimiento económico del Perú y el proceso de descentralización en los últimos 20 años, ha posibilitado que el presupuesto asignado al departamento de Huánuco (de los 03 niveles de gobierno), pase de 532 millones de soles a casi 5 mil millones de soles (incrementó en 800%), donde, aproximadamente el 60% es manejado por el gobierno regional y los gobiernos locales, es decir, con una gran oportunidad de solución a los problemas más sentidas por la población, con intervenciones directas principalmente en las comunidades rurales, donde la actividad agropecuaria es clave. Sin embargo, la proporción del presupuesto total, asignada para la agricultura, oscilo entre el 1 y 5%, lo cual evidencia la poca importancia y valoración de esta actividad por las autoridades regionales y locales de las gestiones que pasaron, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Según el INEI, el 44% de la Población Económicamente Activa (PEA) de Huánuco se dedica a la agricultura y aporta en un 4% al valor bruto de la producción agropecuaria nacional; es el primer productor de papa[1] (con participación del 13.6%), primer productor de ganado vacuno (con participación del 13.8%), además de también ser el primer productor de calabaza (con participación del 39.8%) y el segundo productor de Té (con participación del 57%). Esto no tendría nada de extraordinario, si es que las principales cadenas productivas mencionadas, no estarían relacionadas con prácticas poco amigables con el medio ambiente, lo cual, llama la atención, para analizar el tipo de agricultura que se estaría practicando para estar en este ranking. Para nadie es extraño, que en Huánuco, tenemos zonas productoras de papas mejoradas, con tecnología convencional basada en una cultura alta de insumos agroquímicos, presencia de monocultivo, producción a gran escala con productividad alta, pero de calidad cuestionable, es decir predominan, las tecnologías que contaminan el suelo, usan ineficientemente el agua de riego, deforestan y afectan la salud de los productores, entre otros, lo cual lo hace vulnerable a plagas y enfermedades. Según el MIDAGRI en el 2023, el crecimiento de la producción de papa, fue marginal con apenas un 0.4%, esto se debió a las fuertes lluvias registradas y la proliferación del hongo de la rancha negra que afectó los sembríos. No obstante, que existen zonas andinas que aún conservan suelos ubérrimos y fértiles con vocación productiva para papas nativas (1,043 variedades) no aprovechadas.
Por otro lado, según el informe La larga sombra del ganado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hoy en día, el 70 por ciento de toda la superficie agrícola del mundo se destina a comida para el ganado. El sector ganadero es responsable del 18 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, un porcentaje mayor que el correspondiente a los medios de transporte”, según afirma la FAO.
Según el MIDAGRI, en el subsector pecuario de Huánuco, se resalta el incremento de 5.5% en la producción de ganado vacuno, cuyo crecimiento es resultado de la campaña de siembra de pastos y forrajes 2021-2022 que estableció 3,532 hectáreas de pasto, generando un impulso en la producción ganadera local en el 2023.
Todo esto, nos refleja la fragilidad de las cadenas productivas (que hoy enarbolamos y que nos dan presencia nacional) que es consecuencia de la poca o nula asignación y efectividad del uso de los recursos públicos para potenciar sosteniblemente una actividad con ventajas comparativas (naturales y de acceso a mercados potenciales) como es la agricultura sostenible, lo cual evidencia la inefectividad de la descentralización para mejorar las condiciones de vida de la población rural, enmarcado en el desarrollo integral, armónico y sostenible del departamento de Huánuco y el país, aprovechando las potencialidades locales y regionales.
Asimismo, nos plantea retos y desafíos para repensar y reflexionar en potenciar una agricultura sostenible como actividad económica “locomotora” del desarrollo económico de Huánuco. Nos invita a los economistas a encarar el desarrollo rural con estrategias viables e innovadoras para identificar productos que den valor económico a los servicios ambientales y hacer que el consumidor sea capaz de elegir estos productos y apoyar con su compra. Es decir, que los productores puedan participar en mejores condiciones en el mercado y que los consumidores valoren el esfuerzo de producción y de procedencia de los productos. Necesitamos una mayor efectividad del presupuesto, que no necesariamente requiere un incremento, si no, repensar en la calidad del gasto, donde la mejora y descentralización de los servicios agrarios en las 84 municipalidades financiados con presupuestos “apalancados” o cofinanciados con gastos corrientes intergubernamentales (regional y local) puede ser una alternativa y no necesariamente grandes inversiones. Experiencias de éste último, ya lo tenemos en Saneamiento Básico, donde se hace el esfuerzo para articular intervenciones entre los 03 niveles de gobierno con la participación de las Areas Técnicas Municipales (ATM), la Dirección Regional de Vivienda, el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), la ONG Islas de Paz Perú y la Academia, que muestran resultados concretos, pero aún son iniciales.
[1] Esto, desde antes con la producción de la provincia de Pachitea (Chaglla).