Leyes concebidas para silenciar: ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil

Cada vez son más frecuentes los ataques contra organizaciones de la sociedad civil y defensores y defensoras de los derechos humanos que alzan la voz contra leyes y prácticas gubernamentales injustas, cuestionan la opinión pública o a quienes están en el poder y piden justicia, igualdad, dignidad y libertad. En todo el mundo, los grupos que trabajan para promover o defender los derechos humanos son difamados, estigmatizados, vigilados, acosados, amenazados, sometidos a juicio por cargos falsos, detenidos arbitrariamente o agredidos. Es más, algunos defensores y defensoras de derechos humanos son asesinados o sometidos a desaparición forzada sólo por la labor que desempeñan.

En este contexto, el presente informe pone de manifiesto la aparición de una alarmante tendencia mundial a lo largo del último decenio, por la que los Estados aprueban y emplean leyes para obstaculizar el derecho a la libertad de asociación y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de quienes participan en ellas. El ritmo se acelera, y sólo en los dos últimos años se han adoptado o están en trámite casi 40 leyes. Diversas disposiciones imponen obstáculos en todas las etapas de la existencia de estas organizaciones y permiten a las autoridades vigilarlas de cerca, sobre todo cuando se inscriben en el registro, pero también cuando planifican, llevan a cabo actividades e informan sobre ellas, solicitan y reciben fondos y realizan labores públicas de campaña e incidencia. Al menos 50 países han implantado leyes similares durante los últimos años.

En esos países, las personas y organizaciones que critican a las autoridades o expresan su desacuerdo con las opiniones dominantes en el ámbito político, social o cultural, corren especial riesgo. Con demasiada frecuencia son obligadas a “bajar el tono”, autocensurarse o reducir sus actividades y dedicar sus limitados recursos a excesivos e innecesarios requisitos burocráticos, y pueden ser excluidas de oportunidades de financiación. En los casos más graves, las organizaciones de la sociedad civil son clausuradas y las personas son criminalizadas y encarceladas por haberse organizado para defender los derechos humanos.

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