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Por Mario R. Cépeda Cáceres[1]
A lo largo de la última década, el flujo de personas que deciden emigrar desde Venezuela ha ido en aumento constante, situación que se ha visto acentuada a partir del 2018 con el estallido de la crisis económica en el país. De esta manera, las naciones sudamericanas han venido experimentado lo que se ha configurado como una verdadera crisis humanitaria por materia de movilidad humana; tanto las personas afectadas por el desplazamiento (PAPED) como las comunidades de acogida han debido enfrentar una serie de tensiones y profundas transformaciones. Por su parte, los Estados no han logrado construir una institucionalidad sólida que se ponga en marcha a través de sistemas de acogida y protección para el alto flujo de migrantes, refugiados y exiliados.
Este panorama ha ocasionado que a la experiencia del desplazamiento —que incluye un profundo sentimiento de incertidumbre y desarraigo— se le deban sumar situaciones de violencia desatada a partir de sentimientos de miedo e incomprensión en las comunidades de acogida. De esta manera, se configura un panorama de alta vulnerabilidad para las PAPED y de compleja reestructuración de las diversas comunidades que los acogen. Si bien desde hace algunos años atrás las intervenciones en la materia han ido creciendo por parte de instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y los propios Estados, la atención de esta emergencia humanitaria ha excedido largamente las capacidades de respuesta institucional locales y nacionales.
A consecuencia de todo esto, se ha venido trabajando desde diversos espacios en identificar los escenarios y factores que afectan la integridad de las PAPED y sus condiciones de vida. Un espacio de especial atención se ha creado en las regiones fronterizas de Ecuador —principal país de tránsito de los migrantes venezolanos— y Perú —segundo país de acogida de este grupo— en especial en las regiones de El Oro y Tumbes, respectivamente. No obstante, la experiencia del desplazamiento transcurre por una ruta más amplia y no siempre ordenada y progresiva, por lo que limitar los esfuerzos a las zonas fronterizas evita que se puedan identificar otras situaciones de especial relevancia para las PAPED.
En el marco de la iniciativa Lives in Dignity financiada por la Unión Europea y que cuenta con la gestión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), se vienen impulsando diversas intervenciones en el mundo que atiendan desde perspectivas innovadoras e integrales las situaciones de desplazamiento. En este marco, el consorcio conformado por ChildFund, la Universidad del Azuay, WeWorld, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) se encuentra iniciando el proyecto Del desplazamiento a la integración: construyendo comunidades productivas y protectoras. Dicha intervención tiene por objetivo incentivar la autonomía de las PAPED y la coexistencia pacífica entre comunidades de acogida en Perú y Ecuador.
Entre los años 2022 y 2024, se trabajará de manera intensiva y coordinada en abordar y profundizar tres temas entre las zonas norte del Perú (Piura, Lambayeque y La Libertad) y las zonas sur de Ecuador (Azuay y Guayas):
1) factores de vulnerabilidad de la población migrante y nacional (sobre todo mujeres y jóvenes) que las sitúa en mayor riesgo de ser víctimas de tráfico y la trata con el fin de la explotación, sobre todo laboral y sexual;
2) el acceso al sistema educativo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNA) afectadas por el desplazamiento (en un creciente clima de xenofobia, exclusión y sanción social hacia la población extranjera); y
3) la situación de explotación laboral a las que están expuestas las personas en proceso de movilidad, en tanto la gran mayoría de las PAPED se desempeña principalmente en el sector informal, estas se enfrentan constantemente a contextos de precariedad laboral.
De esta manera, WeWorld abordará tres áreas temáticas en el ámbito del proyecto. La primera abarca el desarrollo de medios de sustento económico, acompañando los beneficiarios participantes en la certificación de competencias en el marco de programas de formación existentes en Perú. El objetivo de estas acciones es facilitar el acceso a un empleo o el desarrollo de un emprendimiento formal que les otorgue estabilidad económica y protección laboral a los beneficiarios del proyecto. Asimismo, se trabajará para impulsar iniciativas económicas y se proveerá asesoría para la creación y el desarrollo de los negocios. Además, se trabajará sobre las políticas de inclusión para garantizar el acceso a trabajos decentes. En cambio, la segunda área temática se centrará en la prestación de servicios integrados, habilitando protocolos de bioseguridad para centros educativos, fortaleciendo así las condiciones sanitarias de las escuelas. Por último, en el ámbito de la protección en el desarrollo, se trabajará sobre rutas de protección que reduzcan la vulnerabilidad de los PAPED, a menudo afectados por el fenómeno de la trata y tráfico de seres humanos, y, gracias a la implementación de la CPA, se trabajará sobre identificación, seguimiento y acompañamiento a casos para la protección de derechos.
Al culminar el proyecto, se habrá conseguido no solo atender las necesidades de las PAPED en una ruta mayor de desplazamiento y protección, también se contará con evidencia que permita fortalecer los mecanismos de respuesta de ambos Estados, organizaciones internacionales y la sociedad civil. Asimismo, se habrá contribuido al fortalecimiento de las comunidades de acogida, brindando oportunidades de desarrollo para la población desplazada e incentivando relaciones de protección entre las poblaciones locales. Todo esto, atendiendo a regiones que, a pesar de haber estado experimentando flujos de desplazamiento por más de cinco años, han escapado de la atención pública para la respuesta a la crisis humanitaria.
[1] Antropólogo. Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y coordinador del Proyecto Lives in Dignity del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP). ma**********@pu**.pe