Adopción del “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”

La Plataforma Europa Perú (PEP), coalición conformada por 16 organizaciones no gubernamentales europeas que trabajan por el respeto y la promoción de los derechos humanos en el Perú, acoge con mucha satisfacción la adopción del “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”, aprobado el día 25 de abril por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo la Resolución No 0159-2019-Jus. La adopción del Protocolo representa un gran paso para el reconocimiento de la legitimidad e importancia del trabajo que realizan personas defensoras de derechos humanos, así como de los riesgos que frecuentemente enfrentan al realizar su trabajo.

El Protocolo es un compromiso que el gobierno peruano asumió ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; también fue un compromiso que está palpado en el Plan Nacional de Derechos Humanos (2018-2021), como un paso esencial para la elaboración de una política nacional integral para defensoras y defensores de derechos humanos. La elaboración y adopción del Protocolo concluyen una serie de consultas iniciadas por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos con miembros de la sociedad civil y diversos organismos estatales.

El Protocolo contiene elementos importantes, entre los cuales está el objetivo de promover el reconocimiento del trabajo en defensa de los derechos humanos, y también la creación de un equipo de expertos que estarán a cargo de evaluar los niveles de riesgo y el tipo de medidas de protección que deben tomarse, en coordinación con los ministerios y entidades estatales competentes para brindar protección.

La adopción del Protocolo se da en un momento muy oportuno. De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde 2011 a la fecha se han registrado 121 asesinatos de defensoras y defensoras de derechos humanos, y aproximadamente 900 casos documentados de criminalización. Al mismo tiempo, el accionar de las defensoras y los defensores de derechos humanos continúa siendo deslegitimado por sectores empresariales que ven la defensa a los derechos humanos como un obstáculo para el progreso económico del país.

Para la PEP, es muy preocupante que a raíz de la aprobación del Protocolo se estén dando señalamientos contra la adopción de éste; observaciones por grupos opositores que indican que el protocolo “es una arremetida contra todo”, o un “privilegio”, no sólo contribuyen a la estigmatización de la defensa de los derechos humanos, sino que la hacen más vulnerable.

Por ello, la PEP considera indispensable que el Protocolo venga acompañado del compromiso real de todas las entidades competentes (entre ellas, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior) para que su aplicación tenga resultados efectivos. También debe de contar con un análisis serio sobre el origen de los riesgos y la identificación de patronos de abusos, así como prácticas para su disminución. El Ministerio de Justicia ya cuenta con el mandato de desarrollar un Registro de quejas e incidentes de ataques, algo que es esencial para la identificación de las causas y medidas para prevenirlas.

La PEP quiere finalmente reafirmar su beneplácito por la adopción de dicho Protocolo. Pensamos que esto es sólo un primer gran paso y que todavía queda mucho por recorrer para lograr la adopción de una política integral para la protección de personas que defienden los derechos humanos y, ultimadamente, para contribuir al respeto de los derechos humanos de todas y todos los peruanos en general.