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Un país con igualdad de oportunidades es un país donde existen las condiciones necesarias para que logremos nuestra realización como personas, sin discriminación por ser hombres o mujeres. Este es el propósito que debe orientar el accionar del Estado en el ámbito de sus funciones y competencias. Sin embargo, las cifras nos demuestran una manifiesta situación de desigualdad entre hombres y mujeres en la realización de derechos. Así, por ejemplo, en un 39,5% de los casos, las mujeres alguna vez unidas –con esposo o compañero– han sufrido algún tipo de violencia física durante su relación de pareja. Además, las cifras referidas a mortalidad materna desnudan lo que es un problema de salud pública que requiere la inmediata atención por parte del Estado. A su vez, las tasas de analfabetismo que se registran no hacen más que revelar una mayor incidencia en el ámbito de las mujeres respecto del que ocupan los hombres, en tanto que el ingreso mensual promedio es mayor para los hombres en comparación con lo que perciben las mujeres.
En consecuencia, necesitamos superar los avances normativos y arribar a resultados concretos que cierren las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, como parte del objetivo de lograr una sociedad más justa y democrática. En este afán, y, por tercer año consecutivo, me complace presentar el Tercer Reporte Defensorial sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2009)
En esta oportunidad, la Defensoría del Pueblo da cuenta al país de los resultados de la implementación del Sistema de Seguimiento Defensorial, sobre la base de los indicadores estructurales, de proceso y de resultado planteados para el tema de acceso y permanencia, tanto en el sistema educativo como en el mercado laboral.
Así, con relación al tema de educación, se ha constatado que el énfasis estatal está orientado a ampliar la cobertura y mejorar la educación inicial, así como a asegurar que los niños y las niñas concluyan una educación primaria de calidad, aspectos que sin duda contribuyen a mejorar el acceso y la calidad en la educación. No obstante, también se debe considerar que la tasa de asistencia registrada en el nivel secundario es de 76,6%, lo que afecta principalmente a las mujeres en el ámbito rural, por lo que es necesario que el Ministerio de Educación evalúe la continuidad de programas especiales que garanticen la educación en este nivel.
En lo que concierne al acceso y permanencia en el mercado laboral se debe celebrar un hallazgo importante: los tres programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, como Projoven, Construyendo Perú y Revalora, han incorporado una notable presencia de mujeres en su condición de beneficiarias. No obstante ello, es necesario tener en cuenta que el descenso del índice de empleo en determinadas ramas de la actividad industrial y extractiva –actividades en las cuales también existe un porcentaje representativo de mujeres– hace imprescindible que el sector correspondiente realice una evaluación de la efectividad de las políticas de empleo con el propósito de conocer las condiciones de inserción y permanencia de hombres y mujeres en el mercado laboral.
En conclusión, este Tercer Reporte analiza las políticas públicas en los ámbitos educativo y laboral con el claro propósito de vincular los resultados alcanzados en ambos sectores.